Este artículo ha sio escrito por Alvise Lennkh-Yunus, director de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings
La decisión del BCE de aprobar el Instrumento para la Protección de la Transmisión para contrarrestar la dinámica desordenada e injustificada de los mercados, que supone una grave amenaza para la transmisión de la política monetaria en toda la eurozona, sin restricciones de volumen ex ante, debería contribuir a reducir la volatilidad hasta que se encuentre un nuevo equilibrio político en Italia.
Aun así, las condiciones para su activación -en concreto, el cumplimiento del marco fiscal de la UE por parte de un país, la ausencia de desequilibrios macroeconómicos graves, la sostenibilidad de la deuda pública y unas políticas macroeconómicas que cumplan los compromisos del NGEU- serán difíciles de cumplir. Todo ello dependerá, en última instancia, de las normas fiscales de la UE que se adopten en adelante y, en particular, de la discrecionalidad del Consejo de Gobierno a la hora de interpretar la próxima valoración de la Comisión Europea.
Creciente incertidumbre política en Italia
El aumento de la volatilidad política es negativo para la calidad crediticia de Italia (BBB+/Estable) en caso de que dé lugar a un período prolongado de incertidumbre que impida al Gobierno gestionar la actual crisis energética y del gas, aprobar los presupuestos y garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales en línea con la consolidación gradual prevista. Esto es clave para seguir aplicando las reformas a las que están condicionados los desembolsos de la UE dentro del Plan Próxima Generación (NGEU).
Tras la dimisión del primer ministro Mario Draghi, es probable que se celebren elecciones anticipadas. Desde el punto de vista crediticio, las clave son: i) cuánto tiempo tardará en formarse el próximo Gobierno con una mayoría parlamentaria estable, y ii) cuál será su voluntad y capacidad para aplicar las reformas a las que están condicionados los desembolsos de la UE del Plan Nueva Generación. Esto es fundamental para aumentar el potencial de crecimiento del país a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública italiana.
En este momento son posibles varios resultados, que dependen de la movilización de los votantes y de la situación de los partidos. Sin embargo, la mayor fragmentación política reduce la probabilidad de que surja una mayoría política con una agenda que revierta las políticas acordadas y los planes de inversión del Gobierno de Draghi.
Además, la perspectiva de recibir importantes fondos de la UE en los próximos años (por un valor total de alrededor del 10% de su PIB anual en el caso de Italia) también debería proporcionar a todos los partidos un importante incentivo para seguir aplicando los objetivos e hitos acordados con la Comisión Europea. Aun así, un periodo prolongado de vacío político que se traduzca en el aplazamiento de importantes reformas y/o en el retraso de la recepción de los fondos de recuperación de la UE sería negativo para su calidad crediticia.
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