Madrid, 2 jun (.).- El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado su absolución en el caso que investiga el origen de su patrimonio, ya que “no ha cometido delito fiscal alguno” y su actuación tributaria “fue transparente y regularizada años antes” de que se abrieran las investigaciones, cuando residía incluso en EEUU.

En un escrito de algo más de 100 páginas, su abogada rechaza la versión de la Fiscalía Anticorrupción, que lo acusa, entre otros, de once delitos contra la Hacienda Pública, y pide la testifical del exministro de Justicia Rafael Catalá, que desveló públicamente que Rato se había acogido a la amnistía fiscal de 2012.

Rato solicita además la declaración del que fuera director de la Agencia Tributaria en 2015, Santiago Menéndez, y de los funcionarios del Seplac y la UCO que colaboraron en la “Operación Tajuña”, realizada secretamente sobre él y su entorno desde 2014 a 2018.

El expresidente de Bankia (BME:BKIA) se enfrenta a penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen, seis años por blanqueo, y otros cuatro por corrupción en los negocios.

A lo largo de los 6 años que ha durado la instrucción, indica el escrito, “el juez instructor y la acusación han destinado una inmensa cantidad de recursos y esfuerzos a tratar de acreditar la supuesta comisión de un delito de blanqueo”, sin que a día de hoy se haya podido concretar dicha operativa.

AMNISTÍA FISCAL

Mención especial dedica a la amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, y que permitió a 30.000 contribuyentes que no habían declarado todos sus ingresos regularizar su situación, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.

A raíz de esta medida, Rato declaró la titularidad real de la sociedad Kradonara 2001, considerada por los investigadores epicentro de su actividad empresarial, “regularizando así su patrimonio en el exterior”.

Por tanto “todas esas ‘divisas’ que tras la denuncia temprana fueron imputadas como defraudadas fueron debidamente declaradas como consta en sus declaraciones de renta o afloradas “de manera voluntaria”, indica su defensa, que asegura que “no existía opacidad sino transparencia” con la Agencia Tributaria en el momento en que se abrió la causa, en abril de 2015.

De ahí que inste al juez a tomar declaración al que fuera ministro de Justicia, Rafael Catalá, que en abril de 2015 declaró que Rato se había acogido a la amnistía fiscal y figuraba entre los que habían presentado el modelo 750 de regularización.

SU ETAPA EN LAZARD

La defensa se remite al origen de las pesquisas, el supuesto “tráfico de divisas” por los ejercicios 2012 y 2013, donde el dinero se correspondía “euro a euro” con lo percibido por el exministro a raíz de su contrato con el banco de inversión Lazard (NYSE:LAZ), entre noviembre de 2007 y enero de 2010.

Y es que Rato “cumplió con sus obligaciones fiscales” en aquella etapa así como en la posterior, primero al frente de Caja Madrid y, más tarde, en Bankia, subraya el escrito, que recuerda que la propia Agencia Tributaria “reconoció que dichos importes no podían imputarse como cuota supuestamente defraudada”.

De hecho, “esas supuestas cuotas contenidas en el informe de avance que siguió a la ‘denuncia temprana’ (del fisco) causa de su detención se han ido reduciendo drásticamente”, prosigue, y añade que tanto el origen como la tributación de los ingresos obtenidos durante su etapa en Lazard eran conocidos por la AEAT.

NO HUBO CORRUPCIÓN EN LA PUBLICIDAD DE BANKIA

Respecto al delito de corrupción entre particulares en la concesión de la publicidad del lanzamiento de la marca Bankia y de su salida a Bolsa a las agencias Zenith y Publicis, Rato sostiene que no se ha podido demostrar “la existencia de ofertas mejores a las que se presentaron ganadoras”.

Ambas agencias ganaron los concursos sin ninguna intervención de Rato, añade el escrito, que destaca que “no intervino en el proceso de selección y valoración de las distintas ofertas y su participación puntual en el Comité de Medios no fue relevante para la selección de Zenith y Publicis, ya que de hecho, éste se reunió en numerosas ocasiones sin su presencia.

Además, añade, “todas las agencias que se presentaron y no resultaron ganadoras percibieron una compensación económica de 3.000 euros que aceptaron”.

Con esta versión, contradice a Anticorrupción, que ve “indicios racionales” de que el exministro cobró indebidamente comisiones de 835.000 euros por la concesión de estos contratos que se habrían derivado a diversas sociedades, logrando “difuminar el origen del dinero”.

APARTA A TODO SU ENTORNO

Rato reprocha a la Fiscalía que haya incluido en esta causa a todo su entorno profesional durante esos años, para lo cual “trata de teñir de una apariencia de irregularidad y de delito lo que no fue más que una operación absolutamente habitual en el mundo de los negocios”.

Desde su punto de vista “es incomprensible” que se acuse a otras personas cuando la única que puede cometer un delito fiscal es el propio contribuyente, en este caso, él mismo.

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