Madrid, 26 may (.).- La firma del acuerdo transaccional global entre la dirección de Alcoa (NYSE:AA) y sus trabajadores supone la retirada de la querella presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) por un supuesto delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida.

No obstante, la CCP mantiene la querella abierta contra Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, el fondo suizo Parter y Grupo Industrial Riesgo.

Según han confirmado a Efe fuentes jurídicas, hay una comisión rogatoria que se va a desplazar a Suiza para interrogar a un directivo de Parter Capital, en la investigación que dirige la titular del juzgado central de Instrucción nº 3, María Tardón.

El pasado 11 de mayo todas las partes firmaron el acuerdo transaccional global, que incluía entre otras condiciones el reconocimiento de 60 días por año trabajado, y que conllevaba la retirada de la querella contra Alcoa.

Ese mismo día, los abogados de CCP presentaron ante el juzgado n3 de la Audiencia Nacional a la juez Tardón el escrito de desistimiento, aunque sólo en lo referente a Alcoa y sus directivos.

Tal y como relata el documento, en mayo de 2019, en el marco de las negociaciones para la venta de las plantas de Avilés y A Coruña, Alcoa presentó un informe que indicaba que tanto el fondo de inversión Parter como el Grupo Industria Riesgo se encontraban en fase de auditoría o “due diligence”.

Uno de los querellados, Víctor Rubén Domenech, se postuló como Grupo Industria Riesgo, denominación supuestamente sin personalidad jurídica hasta que se constituyó una sociedad con un capital social de 3.000 euros.

No obstante, Alcoa rechazó a Domenech y optó por el fondo suizo Parter, tras lo cual las compañías cambiaron su denominación social a Alu Ibérica; sobre esta operación, los querellantes afirman que se planeó el pase de las plantas de Alcoa a Parter “para finalmente trasladar su titularidad al inexistente Grupo Industrial Riesgo” de Domenech.

A tenor de la querella, los investigados “nunca tuvieron intención de aplicar el plan industrial comprometido ante los trabajadores, condenando a las empresas a su desaparición”.

Es más, recalca, “el plan “era una mera pantalla a fin de aparentar la bondad del negocio y la continuidad del empleo, impidiendo la adquisición de las plantas por otras empresas solventes presentadas por el Ministerio de Industria en el primer semestre de 2019 pero competidoras de Alcoa”.

En junio de 2021, la Audiencia Nacional condenó a la multinacional estadounidense Alcoa a cumplir con las condiciones en materia de extinción de contratos y recolocaciones de los trabajadores de las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña que pactó con los sindicatos a raíz de la venta de estas instalaciones.

En la sentencia, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional entendió que “Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores” tras la compraventa, y llega a la conclusión de que la “reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo (…) no se ha llevado a cabo de acuerdo con lo pactado”.

El tribunal consideró que ni Parter Capital, que adquirió estas instalaciones en un primer momento, ni el posterior comprador, el Grupo Riesgo, cumplían “mínimamente” con el perfil de “empresario serio, solvente y riguroso” que se pretendió en su momento para garantizar el futuro de estas instalaciones.

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