Túnez, 30 may (.).- El Gobierno de Túnez pidió hoy “medidas urgentes” para limitar la masa salarial tras alcanzar un gasto público récord – que representa el 15,6% del PIB- mientras trata de cerrar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige reformas de austeridad.

En una circular destinada a los diferentes ministerios e instituciones, la primera ministra, Nedjla Bouden, recomendó limitar las contrataciones y aumentos salariales a “ciertas necesidades y prioridades” de cara a los próximos presupuestos generales de 2023.

Asimismo la responsable aconsejó controlar las horas extra, aplicar el plan de jubilaciones anticipadas y reducir de manera progresiva la contratación de diplomados de las escuelas de formación, principalmente en los ministerios de Defensa, Interior y Justicia.

Desde 2010 la partida pública consignada al pago de los sueldos de funcionarios -cerca de 650.000- ha aumentado un 10% y podría llegar a los 6.600 millones de euros, el equivalente al 56% de los ingresos del Estado.

Esto ha provocado, señaló la fuente, la reducción de los créditos destinados al desarrollo y la capacidad del Estado para “estimular” la inversión pública.

Según el Banco Central de Túnez, el déficit presupuestario alcanzará este año un 9,7 % -en lugar del 6,7 % previsto inicialmente- debido a la depreciación del dinar y al aumento de los precios de cereales y energía tras la invasión rusa de Ucrania por lo que deberá movilizar 1.500 millones de euros suplementarios.

Mientras el FMI exige un plan de reformas consensuado entre los diferentes actores nacionales -sindicatos, patronal y sociedad civil-, el influyente sindicato UGTT rechaza las medidas de austeridad -que incluye la congelación de salarios públicos y la retirada de las subvenciones a productos de primera necesidad- y advierte de la explosión social.

El país se enfrenta al mismo tiempo a una crisis política después de que el presidente Kais Said se arrogara plenos poderes el pasado mes de julio y comenzara a gobernar por decreto para “preservar la paz social”, una iniciativa que la mayoría de partidos políticos califican de “golpe de Estado”.

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