Lima, 25 may (EFE).- La empresa minera Las Bambas, propiedad de la compañía china MMG, afirmó este miércoles que las comunidades que han bloqueado su operación en la región peruana de Apurímac tienen “exigencias desmedidas” que impiden establecer un diálogo para reanudar sus actividades, paralizadas desde hace 42 días.

Tras una reunión entre la compañía y los representantes de seis comunidades campesinas, la minera lamentó en un comunicado no haber llegado a acuerdos debido “a la posición de las seis comunidades campesinas en condicionar la liberación del terreno invadido y la reanudación de las operaciones, a la subsanación de supuestos incumplimientos que no precisan”.

La compañía, responsable de producir el 2 % del cobre a nivel mundial en Las Bambas, agregó que muchos de las reclamaciones son demandas nuevas que incluyen esquemas “no contemplados en el ordenamiento legal vigente”, como por ejemplo “una participación del 50 % de las utilidades de la minera Las Bambas”.

Todo ello, a cambio de un supuesto aporte de terrenos, a pesar de que éstos ya fueron adquiridos por la compañía en 2013.

La minera saludó el esfuerzo del gobierno peruano por establecer un diálogo con la participación de dos ministros de Estado y recordó que la paralización de sus actividades ha generado pérdidas por cerca de 400 millones de dólares en exportaciones y más de 220 millones de soles (57 millones de dólares) en rentas para Perú y la región Apurímac.

Asimismo, remarcó que “la falta de voluntad para llegar a un acuerdo” pone en riesgo 9.000 puestos de trabajo en la mina y las actividades de más de 1.400 pequeñas y medianas empresas que proveen de bienes y servicios al yacimiento cuprífero.

Las Bambas reiteró su disposición a un “diálogo transparente y constructivo” para una revisión de los compromisos de la empresa con las comunidades de los distritos de Chalhuahuaco y Coyllurqui e invocó a deponer las medidas de fuerza y “demandas incompatibles” con la actividad minera en el Perú.

Horas antes, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, reiteró a los pobladores de las seis comunidades que mantienen bloqueada la mina de cobre Las Bambas que acaben con la protesta como condición para que el Ejecutivo anule el estado de emergencia decretado en la zona.

“Si ellos levantan la huelga, nosotros levantamos el estado de emergencia”, dijo Torres sobre ese estado de excepción que implica la suspensión de varios derechos constitucionales y la presencia de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional.

El jefe del gabinete agregó, en rueda de prensa, que levantarán “inmediatamente el estado de emergencia cuando se recupere la paz social” en las comunidades vecinas a Las Bambas, un enorme yacimiento ubicado en la región surandina de Apurímac.

Torres confirmó que los delegados de las comunidades se reunieron este miércoles con los ministros de Energía y Minas, y de Justicia, además de la empresa china MMG para dialogar sobre los incumplimientos que reclaman a la minera.

El jefe del gabinete señaló que una de las comunidades se quejaba del precio en que vendieron sus tierras para la explotación minera, pero que el Ejecutivo no podía intervenir en ese tema porque deben actuar “dentro del marco legal”, dado que es una reclamación

que compete al Poder Judicial.

Después de dos días en Lima, los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni mantuvieron este miércoles una reunión con la empresa MMG y dos ministros de Estado para llegar a una solución a sus demandas y reanudar las actividades en Las Bambas.

Sin embargo, la cita concluyó sin que se difundieran acuerdos en la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se llevó a cabo.

El martes, los comuneros que llegaron a Lima se reunieron con el presidente peruano, Pedro Castillo, en el Palacio de Gobierno para explicarle sus demandas, pero rechazaron la propuesta que el mandatario les hizo.

“El presidente escuchó las demandas de las seis comunidades y lanzó su propuesta, que no fue aceptada por estas”, dijo a Efe el asesor legal de la comunidad campesina de Huancuire, Alexander Anglas tras la reunión.

El asesor explicó que, aunque cada comunidad tiene sus peticiones particulares sobre los acuerdos incumplidos por la empresa que opera la mina, la compañía china MMG, todas coinciden en pedir al Gobierno que levante el estado de alarma en la zona.

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